Este lunes, poco más de una decena de trabajadores del Servicio Médico Legal (SML) volvió del fin de semana largo para encontrarse con el resultado de un sumario administrativo ordenado en enero, durante las movilizaciones que los funcionarios realizaron en Santiago. ¿El resultado? Sanciones económicas para alguno, suspensiones para otros y la destitución de su cargo para tres dirigentes.
Entre los sancionados están Rosa Cerda, de la asociación nacional de trabajadoras y trabajadores de SML; Lucía Carrasco, de la asociación regional metropolitana y José Morales, de la asociación nacional de funcionarios.
El sumario en cuestión fue encargado por el director del SML y la Subsecretaría del Ministerio del Interior el 17 de enero de 2018, en medio de las movilizaciones que los trabajadores realizaron durante ese mes para pedir, entre otros puntos, la desvinculación de Franklin Santibáñez, por entonces jefe de gabinete del actual director del servicio, Gabriel Zamora.
Los resultados del sumario entregados este lunes –al que The Clinic tuvo acceso- concluían que los dirigentes habían incurrido en la “omisión de realizar sus funciones habituales” durante la movilización, transgrediendo así los principios de “desempeñar personalmente el cargo” y “realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia”.
Además, el documento condenó la acción de “organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la administración del Estado” –los tres dirigentes pertenecen a organizaciones gremiales, es decir, no a “sindicatos”- y el “promover o participar en huelgas”.
Los demás funcionarios, en tanto, fueron sancionados con la disminución de su sueldo en distintos porcentajes durante dos meses. Los documentos llevan la firma del director Zamora.
“Es una persecución”
Para parte de los trabajadores del SML de Santiago, las medidas adoptadas este lunes corresponden a una “persecución”. — Si en las asambleas participaron 250 funcionarios auto convocados, entonces, ¿por qué se escogió a ciertas personas para sancionar? —, se pregunta una trabajadora del servicio, presente en las movilizaciones de enero. Para ella, esta situación correspondería a una “práctica antisindical”. “La movilización es un derecho que todos los trabajadores tienen. Y el tiempo nos dio la razón, porque con los meses sí destituyeron a Franklin Santibáñez”, dice.
Franklin Santibáñez, quien llegó al servicio bajo la dirección de Juan de Dios Reyes en 2017, estuvo encargado de llevar adelante un “proceso de modernización” al interior del SML, el cual dejó inconformes a los funcionarios. “¡Tenía asignación profesional, pero sólo tiene un bachiller en teología de una universidad gringa!”, se queja otra de las trabajadoras actuales del SML.
En efecto, Santibáñez ha contado con varios puestos de “asesor” a lo largo de su vida, y su domicilio político ha pululado por casi todos los partidos de la exConcertación. Incluso, recientemente se transformó en una pieza clave que vincularía a Javiera Blanco en las investigaciones que Fiscalía dirige sobre el funcionamiento del Sename, particularmente en la arista Ascar. Parte de los trabajadores sancionados, consultados para este artículo, declararon a The Clinic que durante enero el SML “nunca estuvo cerrado”, como lo aseguró el director del servicio. — No todos los funcionarios participaron de la movilización y, antes de realizarla, nos preocupamos de despachar todos los cuerpos que habían ingresado. Es falso que nos hayamos negado a atender público—, asegura una de las dirigentes sancionadas.
Ahora, queda una instancia de apelación para los dirigentes sancionados. Aun así, los ánimos al interior del SML están crispados. “Nunca, en la historia de este servicio se habían aplicado estas sanciones”, concluye otra de las trabajadoras.
La presente nota del diario The Clinic, que relata con veracidad, precisión y sensibilidad lo acaecido en este servicio público, perteneciente al Ministerio de Justicia, dirigido por el momio recalcitrante: Hernán Larraín Fernández, perteneciente a la vetusta pero pegajosa oligarquía chilena. No obstante, en esta oportunidad, el causante directo de la atroz práctica antisindical, refrendada con la toma de razón de la Contraloría General de la República, es un operador político transversal llamado Franklin Santibañez, que ha pululado en diversos cargos públicos en una infinidad de instituciones, sin guardar ningún escrúpulo o lealtad real, ya que su vida funcionaria ha transcurrido tanto en gobiernos de derecha oligárquica como en gobiernos de concertación, siendo ésta su cuna inicial.
Más allá, de los personajes y nombres propios involucrados en este triste capítulo del sindicalismo chileno, es menester destacar la grosera vulneración de los trabajadores y sus dirigentes a realizar acciones de fuerza, toda vez que las negociaciones se ven agotadas con sus respectivas autoridades. Nuestra actual constitución (que tiene fecha de vencimiento), limita la actividad sindical de los funcionarios públicos, cercenando dos de los derechos fundamentales asociados a los derechos humanos de segunda generación, y en especifico relacionado con el trabajo: la negociación colectiva y la huelga, ésta última es ampliamente repudiada por leyes de menor jerarquía como la ley de bases general de la administración del Estado y el nefasto estatuto administrativo, incluso es más, la ley de seguridad interior del Estado, faculta a las autoridades de turno, a perseguir incluso penalmente cualquier actividad que consideren impropia para un trabajador público o dirigente sindical.
Este verdadero "jaque" que se ha endosado al movimiento de trabajadores, es de tal magnitud que podría dejar totalmente inmovilizados a los funcionarios públicos, ya que cerca del 70% de la dotación de la Administración Central del Estado se encuentra en calidad a "contrata", es decir, cuyos contratos de trabajo (nombramientos) tienen una duración de 12 meses y que pueden ser interrumpidos por el sólo "ministerio de la ley", si a esto sumamos, que todo dirigente gremial queda a merced del criterio de sus autoridades para ser condenados con la desvinculación por "por promover o participar en huelgas", prácticamente estaríamos frente al capítulo final del sindicalismo del sector público, siempre glorioso y con una tasa promedio de sindicalización cercana al 70%.
De todos los dirigentes del sector público, depende que que este "jaque" no se transforme en un "jaque mate" para el movimiento de trabajadores, y muy por el contrario, apenas salgamos de la presente "peste" que nos aplasta, seamos los trabajadores, los que pongamos jaque mate al gobierno de la derecha oligárquica de Sebastián Piñera E.
El Estado de Chile vulnera los tratados internacionales 87 y 98 de la OIT, firmados y ratificados por Chile, que por su origen en el sistema internacional de las Naciones Unidas tienen valor de ley en este país.
La Anef, fundada por Clotario Blest Riffo en 1943 y el Comité de Defensa de DDHH y Sindicales, condenan y llaman a la rebelión civil frente a esta grosera vulneración de derechos sindicales, única forma en que los trabajadores pueden equilibrar la relación de poder entre patrón (autoridad) y trabajador.
Felipe Tamayo F.
Pdte. Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos Universitarios de Fonasa
Secretario General de Codehs - Clotario Blest Riffo
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