DECLARACION DEL CODEHS 23 de mayo 2022

El CODEHS, como organización ciudadana consagrada a ejercer verdaderamente una acción de promoción y defensa de los derechos humanos, denuncia y repudia la actitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH, organismo de orden público, y dependiente del aparato burocrático del Estado, al no hacerse parte de las querellas que la ciudadanía ha interpuesto contra José Piñera, sus altos funcionarios y ante fuerzas armadas y de orden, especialmente Carabineros de Chile, por crímenes de lesa humanidad.

Asimismo denunciamos la cómplice negligencia del Estado chileno al no hacerse parte de las querellas iniciadas ante los crímenes cometidos por bandas terroristas de ultraderecha, amparadas por Carabineros, lo que incluye el reciente asesinato de la periodista Francisca Sandoval Astudillo a manos de sicarios. Este hecho es sólo una muestra del dominio que están ejerciendo las organizaciones de narcotráfico, protegidas por las propias instituciones de orden público.

Expresamos que la actitud tomada por el INDH, constituye una aberración, ya que al no tomar posición ante las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por los organismos estatales y las autoridades a cargo de éstas, se ha vuelto cómplice de estos crímenes.

Consideramos también que dado que los Estados son los principales sujetos gestores y promotores de violaciones a los Derechos Humanos (concepto establecido por la doctrina jurídica tradicional), ese mismo Estado violador no puede implementar un organismo que desde su origen no cumplirá y no cumple el papel de ser el promotor de los Derechos Humanos en este país.

Exigimos la disolución del INDH, por no haber mostrado competencia para ejecutar su labor. En lo inmediato, exigimos que se solicite formalmente la renuncia del señor Sergio Micco y otros ejecutivos, a sus cargos.

En el intertanto que esta disolución se ejecuta, denunciaremos ante la Contraloría General de la República la negligencia de los funcionarios a cargo del INDH, al no cumplir las obligaciones establecidas en su mandato.

El CODEHS adhiere y apoya la convocatoria a una gran protesta general el miércoles 1º de junio, contra la política económica del gobierno, que ha favorecido a la clase patronal, contra la represión y la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Decimos no a las alzas y a la represión contra las y los luchadores sociales.

#CODEHS

#PROTESTA_1_DE_JUNIO

#NO_A_LAS_ALZAS

#NO_+_REPRESION

#LIBERTAD_AHORA

ENLACES RELACIONADOS:

https://www.elciudadano.com/chile/tras-negativa-a-querellarse-por-delitos-de-lesa-humanidad-durante-el-estallido-plantean-que-chile-necesita-nuevo-indh-con-un-director-que-en-realidad-enfrente-los-derechos-humanos/05/19/

https://www.codepu.cl/ante-decision-del-consejo-del-indh-codepu-declara/

Dirección del Trabajo retoma línea de no reconocer acuerdos entre empresas y negociadores no sindicalizados - Cooperativa.cl https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/trabajo/negociaciones-colectivas/direccion-del-trabajo-retoma-linea-de-no-reconocer-acuerdos-entre/2022-05-20/220927.html

https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/trabajo/negociaciones-colectivas/direccion-del-trabajo-retoma-linea-de-no-reconocer-acuerdos-entre/2022-05-20/220927.html

https://twitter.com/El_Ciudadano/status/1527383103441735680?t=a_uouy_qlw2cYXiUjem0iA&s=08

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA PROTESTA

DECLARACIÓN

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA PROTESTA

El COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES CODEHS, a la opinión pública nacional e internacional, declara:

El dia 15 del presente, atendiendo a la presencia del la pandemia de coronavirus en Chile, al hecho que

“[…] el día 19 de marzo de 2020, se decretó estado de catástrofe para todo el territorio nacional por el lapso de 90 días […]”,

a la circunstancia que

“[…] las cárceles son recintos donde la posibilidad de contagiarse es altamente probable atendido al hacinamiento y la imposibilidad de que las medidas sanitarias mínimas puedan ser implementadas razonablemente […]”,

y a que

“[…] la persistencia de la enfermedad de la tuberculosis en la población carcelaria, que al día de hoy no ha podido ser erradicada de nuestras cárceles […]”,

procedió, el juez Daniel Urrutia Laubreaux, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a dictar una resolución reemplazando la prisión preventiva de trece (13) personas, detenidas en la encerrona del 3 de marzo en los alrededores de la calle Corbalán Melgarejo de la capital, por la pena de arresto domiciliario total. La medida se fundamentaba, además, en el hecho que los detenidos

“No registran condenas anteriores y existe una más que razonable posibilidad que, de ser condenados, cumplan estas condenas en libertad dada la pena abstracta a la cual se arriesgan por el delito que fueron formalizados”.

Pocas horas después de haberse dictado dicha resolución, se reunió extraordinariamente el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago a través del sistema de video conferencia para acordar suspender tanto al juez Urrutia de sus funciones como el efecto de su resolución, y dar inmediato aviso a Gendarmería para impedir la libertad de los presos políticos, muchos de ellos menores de edad.

   No debe llamar la atención la urgencia del tribunal de alzada en reunirse para tratar tan extraordinaria medida: el enfrentamiento entre el juez Urrutia y esa instancia no es nuevo sino se prolonga por años. Con la diferencia que, esta vez, sus consecuencias ponen en grave riesgo a la población de presos políticos.

   Los tribunales chilenos, por regla general, están integrados por personas profundamente conservadoras. Son tribunales de derecho, es decir, aplican la ley, y raras veces se preocupan de impartir justicia. Corresponden a la bíblica descripción de los llamados ‘fariseos’ o ‘doctores de la ley’, sujetos comprometidos con la norma y no con las personas, individuos sometidos tanto a la majestad de la ley como al poder del dominador. No puede esperarse de ellos acatamiento a las observaciones hechas por la representante de los derechos Humanos en las Naciones Unidas en cuanto al respecto de esos derechos por los prisioneros políticos; mucho menos, a las organizaciones de derechos humanos. Por el contrario, en fallos recientes, los tribunales han ‘creado’ el delito de ‘pertenecer a la Primera Línea’, resolución que les ha permitido usar el instrumento de la prisión preventiva por tiempo indefinido como arma eficaz contra la protesta social y encerrar por tiempo largos meses a quienes protestan contra el Gobierno.

EL COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES CODEHS, junto con hacer suya la carta enviada al presidente de la República, de la Corte Suprema y del Senado el 26 del presente por una serie de organizaciones sociales y derechos humanos, llama a los organismos internacionales a redoblar sus esfuerzos en torno a ejercer mayores presiones al Gobierno chileno que, aprovechando una emergencia mundial, no satisfecho con mutilar visualmente a gran parte de la población, detener a otros muchos y asesinar a otros, no desperdicia esta oportunidad para aplicar sanciones desmedidas a sus opositores y exponer a la población penal a las graves consecuencia de la pandemia que en estos meses asola al país.

Por el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS

Fernando Espinoza Moreno                                                     Felipe Tamayo Flores

              PRESIDENTE                                                                        SECRETARIO GENERAL

Santiago, 29 de marzo de 2020

#Coronavirus #Covid-19 #Virus #Protesta_Social #Revuelta_Popular #Represión #Presos_políticos Pandemia #Chiledespertó #Derechos_Humanos #DDHH #CODEHS

PERSECUSION A LA DIRIGENCIA DEL PUEBLO MAPUCHE

codehs chile___________________________

comité defensa derechos humanos y sindicales

(fundado por CLOTARIO BLEST RIFFO en 1970)

DECLARACIÓN

PERSECUCIÓN A LA DIRIGENCIA DEL PUEBLO MAPUCHE

El Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS, a la opinión pública nacional e internacional, declara:

En el informe “Exposición coordinación zona control orden público”, elaborado por la ex Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE) y dado a conocer por CIPER hace algunos días, se señala que el líder mapuche Camilo Marcelo Catrillanca Marín —asesinado por un comando del GOPE el día 14 del presente— era un personaje vigilado por las fuerzas policiales por su calidad de dirigente de la ‘Alianza Territorial Mapuche’ ATM. Cabe señalar que esta organización nació durante el primer gobierno de Bachelet, como consecuencia del descontento de las comunidades locales por el penoso trabajo realizado por el delegado presidencial para asuntos indígenas (entonces ministro José Antonio Viera-Gallo Quesney). Al parecer, la creación de esa organización fue la causa que, en 2009, una delegación de loncos intentara establecer diálogo con el gobierno de la presidenta Bachelet y que ésta se negara a recibir a dicha delegación. Su principal conductor era el abuelo de Camilo, Juan Catrillanca quien, posteriormente, participaría en diálogos con el primer gobierno de Sebastián Piñera sin mejores resultados.

El documento, elaborado en medio del escándalo de la llamada ‘Operación Huracán’, una vez más viene a plantear dudas acerca del, por decir lo menos, extraño actuar de las fuerzas policiales. ¿Estamos en camino de institucionalizar la ejecución selectiva de dirigentes mapuches en nuestro país? ¿Enfilamos rumbo hacia una verdadera ‘colombianización’ de Chile? ¿Se quiere instaurar un ‘sicariato’ orientado a eliminar a la dirigencia molesta?  O, lo que es más grave, ¿existe la voluntad de transformar a las fuerzas policiales en ese temido ‘sicariato’? En tanto no se realice una oportuna y profunda investigación, la sospechosa autoinmolación de la defensora ambiental mapuche Macarena Valdés y, ahora, el deliberado asesinato de Camilo Catrillanca, nada nos impide suponer que todos esos casos puedan constituir un premeditado y bien orientado esfuerzo por hacer desaparecer a los dirigentes mapuches que resultan molestos al desarrollo del gran capital. Así nos lo demuestran los casos del joven Alex Lemun (muerto por el mayor de carabineros Marco Aurelio Treuer), del lonko Juan Lorenzo Collihuin Catril (ultimado con nueve impactos de una ametralladora UZI por el sargento de carabineros Luis Mariman Levio), Matías Catrileo (muerto con impactos de ametralladora UZI por el cabo Walter Ramírez Inostroza), Jaime Mendoza Collio (asesinado por el cabo Miguel Patricio Jara Muñoz), y otras ocho personas entre las que podemos señalar a Edmundo Lemun Saavedra y a los hermanos Agustina y José Mauricio Huenupe Pavian.

Por lo mismo, llamamos la atención de las organizaciones sociales y sindicales del país a estar alertas  y vigilantes en cuanto a la protección y cuidado de la integridad física y espiritual de los dirigentes mapuches y a denunciar públicamente cualquier signo de amenaza, vigilancia o seguimiento  de que puedan ser víctimas tanto ellos como sus familias.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Santiago, noviembre de 2018

DECLARACIÓN ASESINATO DEL COMUNERO MAPUCHE

codehs chile___________________________

comité defensa derechos humanos y sindicales

(fundado por CLOTARIO BLEST RIFFO en 1970)

DECLARACIÓN

ASESINATO DEL COMUNERO MAPUCHE

CAMILO CATRILLANCA MARÍN

El Comité de Derechos Humanos y Sindicales CODEHS, a la opinión pública nacional e internacional, declara:

El día de ayer, 14 de noviembre de 2018, el comunero mapuche de 24 años, Camilo Catrillanca Marín, regresaba de su trabajo conduciendo un tractor en los precisos momentos que el denominado Comando ‘Jungla’ realizaba un operativo en el sector. Dos helicópteros sobrevolaban la zona. El comunero, acompañado de un menor de edad, buscó alejarse del lugar. No pudo hacerlo. Una bala en el cráneo lo dejó inerte mientras otra hería a su acompañante. Ambos fueron llevados por los propios carabineros al CESFAM de Ercilla en donde los médicos que lo atendieron confesaron a otro comunero, Rodrigo Huenchullán, que la bala dirigida en contra del comunero le había entrado por la parte posterior del cráneo sin salir al exterior.

Aún cuando la intendencia de La Araucanía ha querido dar al hecho el carácter de enfrentamiento, no existen pruebas que corroboren tal aserto. Por el contrario: toda bala disparada por atrás en contra de una persona es propia de un asesinato.

No se necesita ser extremadamente perspicaz para suponer que la instalación de una fuerza especial (Comando ‘Jungla’) en la zona, destinada a consolidar por la fuerza la usurpación de las tierras mapuches ancestrales llevada a cabo por la dictadura pinochetista en favor de las empresas forestales y otros grandes hacendados, sólo agravaría las tensiones entre el Gobierno y los comuneros mapuches. Lo que ocurre hoy así lo corrobora.

Ante esos hechos, el CODEHS exige del Gobierno la inmediata disolución del Comando ‘Jungla’, la desmilitarización de toda la región, el pronto castigo a todos los que resulten culpables de este asesinato y la renuncia de todas las autoridades —entre ellas, la del ministro del Interior— que, de una u otra manera, han permitido que la violencia haya vuelto a castigar a esa sufrida comunidad autóctona, verdadera dueña de esas tierras.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Santiago, 15 de noviembre de 2018

COMUNICADO ACES CONTRA “AULA SEGURA”

A nuestras comunidades, profesores y profesoras, auxiliares y funcionarios/as.

A nuestros padres y madres, a todas las organizaciones sociales y políticas que luchan día a día por la emancipación de nuestros pueblos, por la defensa y conquista de sus derechos, por justicia y verdad, para que las comunidades recuperen sus tierras y por poner fin a las zonas de sacrificio.

A todos y todas quienes han solidarizado activamente con el movimiento estudiantil secundario, hoy les pedimos una muestra más de su apoyo en una coyuntura que busca desmantelar y criminalizar nuestra lucha.

El proyecto de Aula Segura, presentado por Sebastián Piñera y la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, es parte de un conjunto de políticas represivas cuyo fin es coartar y reprimir a nuestras comunidades. una de las mayores victorias del movimiento estudiantil y los movimientos sociales ha sido el empoderamiento de dichas comunidades, que como ejercicio de poder han ido conquistando su capacidad para decidir sobre su futuro, sin intermediarios ni agentes externos.

El Estado y sus Instituciones, la clase política en su conjunto ejerce violencia porque se opone al proceso de democratización comunitaria, ya que ataca uno de sus pilares fundamentales, que es la desigualdad social, perpetuada en la violencia sistemática que vivimos quienes no tenemos sus privilegios económicos y políticos.

Así lo han demostrado con leyes como aula segura, antes apodada ley Hinzpeter, también con la ley anti terrorista o con los discursos de odio que buscan Instalar al estudiante y al luchador social como violentista, negando sistemáticamente de donde proviene realmente la violencia. Porque sobre nuestra historia cargan los nombres de luchadores como Juan Pablo Jiménez, Macarena Valdés, Alejandro Castro, Nelson Quichillao y tantos/tantas otras.

Los y las convocamos a firmar este comunicado público como primera muestra de apoyo y solidaridad. Extendemos el llamado para sumarse a la semana de la desobediencia, convocada entre este 14 y 19 de octubre, contra el proyecto aula segura, contra la violencia de estado y por la autodefensa de los movimientos sociales.

Aula segura: ¿Cómo en Dictadura?

Santiago, octubre 2018.

ACES