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jueves, 31 de octubre de 2019

DECLARACIÓN - EXIGE RENUNCIA DEL PRESIDENTE


DECLARACION
EXIGE RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA



El COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES CODEHS, a la opinión pública nacional e internacional declara:

Ha finalizado exitosamente el último llamado a protesta nacional, autoconvocado por las organizaciones sociales e iniciado el 18 del presente, luego de la convocatoria que hicieran los estudiantes del Instituto Nacional a objeto de evadir el pago del transporte en el Ferrocarril Metropolitano METRO. Durante estos días, esta organización ha podido, no obstante, observar los siguientes hechos:

1. Fuerte incremento en la violación de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, con vejámenes, torturas, lesiones, desaparición de personas y, en algunos casos, disparos o atropellos con resultado de muerte;
2. Actos de dudosa procedencia cometidos por  algunos manifestantes en contra de locales comerciales y bienes de propiedad fiscal, algunos como expresión de la rabia y frustración que afecta a la inmensa mayoría de la población nacional, otros cuya comisión merece ser seriamente investigada;
3. Participación creciente de diversos estratos de la sociedad civil en las protestas, síntoma inequívoco del descontento social que atraviesa verticalmente a toda la sociedad; y
4. Aumento significativo de las demandas sociales y extensión de las mismas a todos aquellos ámbitos de la vida nacional que les fueron negados a los chilenos desde el advenimiento de la democracia post dictatorial, expresado en la frase “No son 30 pesos lo que nos convoca, sino 30 años de violación sistemática de nuestros derechos”. Los chilenos que se manifiestan no lo hacen por el alza del pasaje del METRO sino por infinidad de demandas cuya solución implica la realización de profundos cambios en la sociedad.

El CODEHS considera que el presidente de la República, de quien emanó la orden de responder con las armas a una protesta cuya solución pudo haberse alcanzado a través de la discusión y del diálogo, debe hacer pronto abandono de su cargo; porque es él único y directo responsable de los hechos mencionados. Quien demuestra tan torpe proceder no es  interlocutor válido para cualquier negociación posible; no lo son sus ministros cuyos exabruptos recorren hoy las redes sociales ni basta un cambio de los mismos, como ya ha sucedido, cuya finalidad no es otra que la reafirmación de la institucionalidad vigente. El CODEHS sabe que la estrategia de La Moneda se afirma en el eventual desgaste del movimiento social, estrategia que, de no resultar, puede derivar en una sangrienta masacre. Por lo mismo, solicita al Sr. Presidente la pronta entrega de su cargo a quien corresponda, bajo la condición que este último convoque, a la brevedad, a la nación a elecciones presidenciales libres, secretas e informadas y a la conformación de una Asamblea Constituyente en donde estén debidamente representados los intereses de las mismas organizaciones sociales que han validado la protesta como expresión del descontento.

Por el COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES CODEHS


Raúl Elgueta González                                                                   Manuel Acuña Asenjo
     Presidente                                                                                     Secretario General

Santiago, octubre de 2019

viernes, 19 de octubre de 2018

Sobre LIBERTAD CONDICIONAL PARA OTRO REO DE PUNTA PEUCO (declaración pública)

codehs chile______________________________
comité defensa derechos humanos y sindicales

(fundado por CLOTARIO BLEST RIFFO en 1970)


DECLARACION PÚBLICA
LIBERTAD CONDICIONAL PARA OTRO REO DE PUNTA PEUCO

El Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS, a la opinión pública nacional e internacional, declara:

Una vez más, la Sala en lo Penal de la Corte Suprema, integrada por los MINISTROS CARLOS KÜNSEMÜLLER, HUGO DOLMESTCH Y MANUEL VALDERRAMA ha otorgado la libertad condicional a otro de los presos del penal Punta Peuco haciendo, con esa medida, inaplicable la aplicación de la pena por violación de los derechos humanos. Esta vez se trata del coronel de ejército LANDER URIARTE BUROTTO, de 81 años de edad quien cumplía condena en el referido centro de reclusión por su participación en el secuestro y posterior desaparición de los ciudadanos uruguayos ARIEL ARCOS LATORRE, JUAN POVASCHUCK GALEAZZO Y ENRIQUE PARGADOY SAQUIERES,  que, huyendo de la persecución contra ellos en Argentina, fueron capturados por la policía fronteriza en la zona cordillerana y entregados al Ejército.
Esta nueva resolución del más alto tribunal de nuestro país no puede sorprendernos. Ya lo habíamos señalado en nuestra declaración de fecha 31 de julio del presente año, en relación a la libertad concedida a otros siete reos del referido penal, cuando afirmábamos:

“Que este fallo crea jurisprudencia no cabe la menor duda. Lo ha reconocido el propio magistrado integrante de la respectiva sala, Hugo Dolmestch, cuando, refiriéndose a lo que puede acontecer respecto de otros casos, ha dicho a los medios de comunicación que ‘lo más probable es que se aplique la misma decisión’”.

Con esta nueva sentencia, la aberración jurídica que había de convertirse en jurisprudencia, iniciada hace tres meses atrás, se consolida; hace, al mismo tiempo, inútil todo intento de poner fin las violaciones de derechos humanos a la vez que estéril cualquier clamor por justicia. Chile se convierte en el país del crimen impune y su más alto tribunal, la Corte Suprema, recobra su rol de legitimadora de una dictadura como lo hizo en 1973. La libertad para quienes cometen crímenes de lesa humanidad pasa a ser conveniente para la sana convivencia nacional, reservándose las cárceles para quienes cometen delitos contra la propiedad, siempre y cuando sean de escaso monto; porque los que roban a destajo también van a gozar de la impunidad. Tal es la nueva concepción de la justicia que pretende instaurar en Chile.

El Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS llama a todas las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos a exigir del Parlamento y del Gobierno la dictación de normas que aseguren ejemplares penas a quienes violen los tratados internacionales —en especial, la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU—, sean éstos jueces, autoridades religiosas, civiles o militares. Al mismo tiempo llama a esas mismas organizaciones a estar alerta para movilizarse ante cualquier maniobra que pretenda hacer tabla rasa de sus legítimos derechos.

COMITE EJECUTIVO NACIONAL

Santiago, 12 de octubre de 2018