DECLARACIÓN
LIBERTAD A LOS
PRESOS POLÍTICOS DE LA PROTESTA
El
COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y SINDICALES CODEHS, a la opinión pública nacional e internacional,
declara:
El
dia 15 del presente, atendiendo a la presencia del la pandemia de coronavirus
en Chile, al hecho que
“[…] el día 19 de marzo de 2020, se decretó estado de catástrofe para todo
el territorio nacional por el lapso de 90 días […]”,
a la
circunstancia que
“[…] las cárceles son recintos donde la posibilidad de contagiarse es
altamente probable atendido al hacinamiento y la imposibilidad de que las
medidas sanitarias mínimas puedan ser implementadas razonablemente […]”,
y
a que
“[…] la persistencia de la enfermedad de la tuberculosis en la población
carcelaria, que al día de hoy no ha podido ser erradicada de nuestras cárceles […]”,
procedió,
el juez Daniel Urrutia Laubreaux, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago,
a dictar una resolución reemplazando la prisión preventiva de trece (13)
personas, detenidas en la encerrona del 3 de marzo en los alrededores de la
calle Corbalán Melgarejo de la capital, por la pena de arresto domiciliario
total. La medida se fundamentaba, además, en el hecho que los detenidos
“No registran
condenas anteriores y existe una más que razonable posibilidad que, de ser
condenados, cumplan estas condenas en libertad dada la pena abstracta a la cual
se arriesgan por el delito que fueron formalizados”.
Pocas
horas después de haberse dictado dicha resolución, se reunió
extraordinariamente el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago a través
del sistema de video conferencia para acordar suspender tanto al juez Urrutia
de sus funciones como el efecto de su resolución, y dar inmediato aviso a
Gendarmería para impedir la libertad de los presos políticos, muchos de ellos
menores de edad.
No debe llamar la atención la urgencia del
tribunal de alzada en reunirse para tratar tan extraordinaria medida: el
enfrentamiento entre el juez Urrutia y esa instancia no es nuevo sino se
prolonga por años. Con la diferencia que, esta vez, sus consecuencias ponen en
grave riesgo a la población de presos políticos.
Los tribunales chilenos, por regla general,
están integrados por personas profundamente conservadoras. Son tribunales de
derecho, es decir, aplican la ley, y raras veces se preocupan de impartir
justicia. Corresponden a la bíblica descripción de los llamados ‘fariseos’ o ‘doctores
de la ley’, sujetos comprometidos con la norma y no con las personas,
individuos sometidos tanto a la majestad de la ley como al poder del dominador.
No puede esperarse de ellos acatamiento a las observaciones hechas por la
representante de los derechos Humanos en las Naciones Unidas en cuanto al
respecto de esos derechos por los prisioneros políticos; mucho menos, a las
organizaciones de derechos humanos. Por el contrario, en fallos recientes, los
tribunales han ‘creado’ el delito de ‘pertenecer a la Primera Línea’,
resolución que les ha permitido usar el instrumento de la prisión preventiva
por tiempo indefinido como arma eficaz contra la protesta social y encerrar por
tiempo largos meses a quienes protestan contra el Gobierno.
EL
COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y SINDICALES CODEHS, junto con hacer suya la carta enviada al
presidente de la República, de la Corte Suprema y del Senado el 26 del presente
por una serie de organizaciones sociales y derechos humanos, llama a los
organismos internacionales a redoblar sus esfuerzos en torno a ejercer mayores
presiones al Gobierno chileno que, aprovechando una emergencia mundial, no
satisfecho con mutilar visualmente a gran parte de la población, detener a
otros muchos y asesinar a otros, no desperdicia esta oportunidad para aplicar
sanciones desmedidas a sus opositores y exponer a la población penal a las
graves consecuencia de la pandemia que en estos meses asola al país.
Por el Comité de Defensa de los
Derechos Humanos y Sindicales CODEHS
Fernando Espinoza Moreno Felipe
Tamayo Flores
PRESIDENTE SECRETARIO GENERAL
Santiago, 29 de marzo
de 2020
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